El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) con el fin de resolver las inquietudes y solicitudes de usuarios respecto de la aplicación de la Resolución Conjunta 1732, “por medio de la cual se establecen los nuevos lineamientos y procedimientos que deben ser implementados para corregir, aclarar, actualizar o rectificar las áreas y linderos de los bienes inmuebles”, acordaron el inicio de mesas de trabajo con la participación de los interesados.
En reunión sostenida entre el Superintendente de Notariado y Registro, Rubén Silva Gómez y el Director (E) del IGAC, Héctor Mauricio Ramírez Daza y sus equipos de trabajo, los representantes de las dos entidades, iniciaron el análisis de las inquietudes más recurrentes de los ciudadanos, en especial las que tienen que ver con la aplicación del artículo 10 de la resolución.
Según el Director (E) del IGAC, con esta normativa, contenida en la resolución SNR 1732- IGAC 221, ambas entidades pretenden dar solución a las inconsistencias que suelen presentarse en las transacciones sobre la realidad física de los inmuebles y contribuir a la seguridad jurídica del derecho de la propiedad.
Teniendo en cuenta el impacto que la aplicación de esta resolución pueda tener en la dinámica misma del sector constructor, nos encontramos revisando con los equipos técnicos las inquietudes planteadas, con el fin de identificar los puntos álgidos o controversiales y si es del caso, modificar o ajustar el contenido de la misma, afirmó Héctor Ramírez Daza.
Con este propósito, igualmente, las dos entidades acordaron realizar talleres regionales de socialización del nuevo procedimiento con la participación no solo de las entidades que tienen competencia en el tema, sino también con el sector constructor y ciudadanos interesados y resolver en la práctica algunos de los casos puntuales más recurrentes, con el fin de aclarar la implementación del mismo, aseguró Ramírez Daza.
Una vez establecido el cronograma de los talleres, la SNR y el IGAC de manera conjunta convocarán a la ciudadanía y de esta manera, no solo lograr la aplicación efectiva de la misma, sino superar las controversias y contribuir con ello a la confianza y seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble.