- Juan Antonio Nieto Escalante, Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) aseguró que el clima de paz reducirá los cultivos ilícitos y el tráfico de coca, lo cual podría afectar el empleo, los ingresos, comercios y servicios. “Además de ofrecer oportunidades a los desmovilizados, los esfuerzos deberán centrarse en el nuevo desempleo que se va a producir.
- El Director del IGAC informó que Caquetá debe poner sus ojos en formular un plan de ordenamiento productivo, especialmente para las zonas aptas para la actividad agrícola; fomentar la explotación sostenible de su potencial forestal; y ofrecerles a los actuales cultivadores de coca y a otros colonos, un programa de pago por servicios ambientales.
Uno de los departamentos que más ha sufrido las crueles consecuencias de la violencia en Colombia es Caquetá, el cual desde finales de la década de los 50 se empezó a convertir en una zona de refugio para la población que huía de la guerra partidista, en su mayoría desplazados y trabajadores sin tierra.
En los años 70 la problemática caqueteña se intensificó, ya que empezaron a implementarse los rentables cultivos de coca, con lo que surgió el negocio del narcotráfico en la región, tanto en las zonas rurales como urbanas.
Hoy en día, con el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC a punto de concretarse, Caquetá empezará a transformarse en un territorio de paz. Pero, ¿cuáles son los principales retos que deberá afrontar la región para su desarrollo en un escenario de paz? y ¿qué tipo de oportunidades y restricciones tiene el departamento para cumplir con este propósito?
El Director General del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, en el primer diálogo regional “Mapeando la geografía para la paz del país”, realizado el día de hoy en la ciudad de Florencia, plasmó las principales acciones estratégicas de frente al postconflicto que podrían ser implementadas en la región para entretejer la paz, además de la contribución que hará la entidad para tal fin.
“El escenario de paz se debe traducir en los esfuerzos políticos y de seguridad para lograr un clima de convivencia y en suministrar los bienes públicos que requiere la población en términos de salud, educación y vivienda. El impacto del clima de paz reducirá los cultivos ilícitos y el tráfico de coca, lo cual afectará el empleo y el ingreso de los cultivadores y raspachines, al igual que a muchos comercios y servicios cuya clientela básica es la gente que tiene esta actividad. En consecuencia, además de ofrecer oportunidades a los desmovilizados, los esfuerzos deberán centrarse en este nuevo desempleo que se va a producir”.
Según Nieto Escalante, aunque no existen estudios sobre el impacto de la paz en el empleo y los ingreso generados por el narcotráfico, y es difícil predecir qué pasará con la situación laboral y económica de los habitantes por los cultivos ilícitos, “no sería extraño que hubiese una fuerte reducción del personal en estas actividades y que, en consecuencia, se hiciese evidente la necesidad de ocupaciones formales para dar respuesta a esta nueva necesidad”.
Actualmente, Caquetá cuenta con una población trabajadora de 162.495 personas, mientras que los desempleados y subempleados tradicionales suman 46.000. Con el nuevo desempleo potencial se reducirían los trabajadores por cuenta propia (80.000 personas) y los agropecuarios (59.771).
“Una parte de los trabajadores y agropecuarios, sumados a los actuales desempleados y subempleados, entrarán a engrosar el ejército de personas que demandarán nuevas ocupaciones, debido a la recesión de la economía ilícita. Y ello sin tomar en cuenta a los guerrilleros y las milicias desmovilizadas, quienes en el mediano plazo también deben tener la posibilidad de una ocupación productiva. Ante este panorama, el gran reto es generar empleo para una masa laboral importante”, apuntó el Director del IGAC.
Plan de ordenamiento del Caquetá debe ser productivo
Nieto Escalante enfatizó que es indispensable una profunda reforma en la ocupación del territorio caqueteño, y que deben implementarse acciones estratégicas en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento territorial y en los proyectos sectoriales que se planteen.
Un trabajo conjunto entre el IGAC y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), realizado entre 2015 y 2016, pone sobre la mesa varias iniciativas, como formular un plan de ordenamiento productivo, sobre todo para las áreas de vocación agrícola, mediante fuertes incentivos a los productores como créditos, incentivos tributarios y asistencia técnica.
Además, definir áreas para adelantar proyectos de ganadería sostenible, agroforestales y silvopastoriles, y para la promoción de negocios ambientales (bioprospección y sumideros de CO2) en las zonas de bosque. “Se debe diseñar un programa de pago por servicios ambientales, que se le ofrecería a los actuales cultivadores de coca y a otros colonos, a los cuales se les abrirá la posibilidad de un determinado nivel de vida en contraprestación al cuidado de la naturaleza. Igualmente se tendrán que localizar y construir infraestructuras para el ecoturismo”, dijo Nieto Escalante.
El IGAC indicó que de las más de 9 millones de hectáreas que conforman el departamento, solo el 0,18% (15.795 hectáreas) tiene suelos aptos para la ganadería. Sin embargo, actualmente el 12,9% tiene presencia de ganado (1,1 millones de hectáreas), lo que produce erosión y desertización de los suelos.
En cuanto a la agricultura ocurre todo lo contrario, ya que el 1,65% del Caquetá es apto para esta actividad (148 mil hectáreas), pero solo se aprovecha el 0,22% (48 mil hectáreas). Por su parte, el uso forestal se impone en cerca de 7 millones de hectáreas, conformadas por cobertura boscosa, lo que lo convierte en un terreno apto para las explotaciones forestales y agroforestales.
El estudio IGAC-DPS advierte que es clave identificar las zonas con potencial de explotación de hidrocarburos, pero en condiciones sostenibles; completar la red vial de los municipios del piedemonte para preservar el bosque natural; y definir la reglamentación del Distrito de Conservación de Aguas y suelos de Caquetá.
Nieto Escalante recalcó que se deben hacer estudios de detalle y definir las obras y acciones para mitigar el riesgo de inundaciones, especialmente en los centros urbanos de El Doncello, Montañita, San José de Fragua, San Vicente de Caguán, Florencia y Albania.
“Finalmente, es clave examinar la posibilidad de crear una Región Administrativa de Planeación, conformada por los departamentos del Caquetá, Guaviare y Meta, para que se constituya en el nuevo nodo del desarrollo nacional en la zona oriental; es necesario establecer figuras asociativas entre municipios, el departamento y regiones circunvecinas, con miras a constituir un área metropolitana entre Florencia y sus vecinos, y así proteger las estructura ecológica principal y fomentar el sistema de jerarquías urbanas para la prestación de servicios comunes”.
Vocación forestal, la potencialidad; ganadería el limitante
Los dos grandes usos en este territorio son la ganadería y la agricultura, actividades que se dan en un poco más de 1,2 millones de hectáreas. Sin embargo los bosques son los que mandan la parada, ya que casi 7 millones de hectáreas están conformadas por esta cobertura natural.
Basado en estas cifras, el Director del IGAC aseguró que Caquetá cuenta con ciertas potencialidades que deben ser aprovechadas en su transformación hacia un territorio de paz, como lo son las explotaciones forestales y agroforestales, las áreas que tienen vocación agrícola, sus servicios ambientales y los hidrocarburos.
“Se requiere de una profunda transformación de su estructura productiva y de la ocupación del territorio, pues de otra manera será difícil construir la geografía de la paz. Esta región cuenta con enormes posibilidades y riquezas que hoy demanda el mercado nacional y mundial, y que deben ser la base de la solución, como la dotación de suelos para explotación forestal y agroforestal y el enorme capital natural representado en más de 4 millones de hectáreas, que podrían generar empleo e ingresos, pero dentro del marco del desarrollo sostenible”.
El alto directivo recalcó que los suelos del Caquetá tienen una vocación forestal y agroforestal, que la producción agrícola es modesta y desaprovechada, y que el mayor limitante es que el potencial ganadero, al que calificó de bastante limitado.
“La región tiene escasas infraestructuras productivas, en especial para la promoción del turismo. Además tiene una red de movilidad insuficiente. El poco desarrollo de iniciativas empresariales para aprovechar sus potencialidades, se deben en parte a la perversa influencia del narcotráfico y a la cultura tradicional de apropiación de los suelos con una mentalidad terrateniente y no empresarial”.
En resumidas cuentas, para el desarrollo de la región es necesario tener en cuenta la vocación limitada de los suelos, la carencia de infraestructuras productivas (turísticas, centros de acopio y cadenas de frío), la desarticulación del sistema de movilidad, la debilidad institucional y las iniciativas empresariales.
Aportes del IGAC para Caquetá
El Director del IGAC puntualizó que la entidad está presta a aportar sus conocimientos y experiencia para apoyar la formulación de los planes y proyectos que permitirán la construcción de la geografía de la paz.
Este apoyo consta de los cuatro campos misionales del IGAC: catastro, agrología, geografía y gestión del conocimiento espacial.
“Con el nuevo catastro multipropósito se brindará una mayor seguridad jurídica, se aportarán nuevos elementos para la planeación económica y social, y se tendrá un fortalecimiento técnico y financiero de la estructura estatal departamental y municipal. En agrología pondremos sobre la mesa todo el conocimiento de las condiciones de los suelos, lo que permitirá ordenar la región acorde con su vocación”.
En cartografía y geografía, el IGAC cuenta con la identificación plena de las características del territorio, y en conocimiento geoespacial, con el diseño de sistemas de información geográfica y la capacitación del talento humano.
“Todas estas acciones propuestas que generarán nuevas oportunidades de empleo, no se podrán cristalizar sin un amplio consenso de autoridades municipales, departamentales y nacionales, ya que implican inversiones cuantiosas en un período de tiempo de por lo menos 10 a 15 años”, finalizó el Director del IGAC.